Con el nuevo esquema permanente, los montos previstos son de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, de acuerdo con la evaluación individual que realice el funcionario consular. La cifra de 15.000 dólares se plantea como referencia general, aunque puede reducirse o incrementarse según las circunstancias del solicitante y el nivel de garantía que las autoridades consideren necesario para asegurar el cumplimiento de las condiciones migratorias.
El pago de la fianza no sustituye los requisitos habituales ni garantiza por sí mismo la concesión de la visa. Solo debe realizarse cuando un funcionario consular lo indique, una vez evaluada la solicitud. El dinero queda bajo control de las autoridades estadounidenses y puede ser devuelto cuando se compruebe que el viajero salió de Estados Unidos dentro del periodo autorizado, no utilizó la visa antes de su vencimiento o, en determinados casos, no fue admitido en el puerto de entrada.
El programa también establece condiciones específicas para los desplazamientos. Los viajeros sujetos a la fianza deben utilizar puertos de entrada y salida autorizados, principalmente aeropuertos comerciales y puntos con sistemas de preautorización de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El propósito es facilitar la comprobación electrónica de las llegadas y salidas y reducir posibles inconsistencias en el registro migratorio.
La transformación del plan piloto en una política permanente tiene especial relevancia para varias regiones de África, Asia, el Caribe y América Latina. Durante la etapa experimental fueron incorporados ciudadanos de decenas de países, entre ellos Cuba, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y Nicaragua. La lista, sin embargo, no es invariable: el Departamento de Estado puede modificarla de forma periódica, incorporando o retirando países según la evolución de los indicadores utilizados para determinar el riesgo migratorio y las condiciones de cooperación.
Para numerosos viajeros, el principal impacto será financiero. Incluso cuando el depósito es reembolsable, inmovilizar durante un periodo determinado entre 10.000 y 20.000 dólares puede representar una barrera considerable para familias, turistas independientes, pequeños empresarios o personas que necesitan desplazarse por razones personales. El propio Gobierno estadounidense ha reconocido que la aplicación del programa piloto redujo de manera significativa la demanda y la emisión de visas B-1/B-2 entre los países sometidos a la medida.
Al mismo tiempo, Washington sostiene que el mecanismo ha demostrado utilidad para disminuir los casos de permanencia más allá del plazo autorizado. Durante los primeros diez meses del programa piloto, cerca de 20.000 solicitudes quedaron sujetas al requisito de fianza y aproximadamente la mitad derivó en un pago. Las autoridades señalaron además una fuerte reducción de los casos de sobreestadía entre los viajeros afectados, argumento que respaldó la decisión de mantener el sistema.
La medida añade así un nuevo componente económico al proceso de movilidad hacia Estados Unidos y obliga a los potenciales visitantes a revisar con mayor atención las condiciones aplicables a su nacionalidad antes de iniciar una solicitud. Para gobiernos, consulados, aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos, el cambio también implica reforzar la información al pasajero y mantenerse atentos a futuras actualizaciones del listado de países incluidos.
