Cataluña se mantiene como el principal destino turístico de España, liderando sobre comunidades autónomas como Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana, todas ellas con más de 10 millones de visitantes anuales. Este liderazgo no es casual, sino que se apoya en la iniciativa empresarial, que ha logrado expandir la capacidad hotelera y atraer un mayor número de turistas pese a las restricciones administrativas. Un claro ejemplo es la duplicación de la capacidad de los hoteles de cinco estrellas en Barcelona y el incremento del 50% en el número de cruceristas que visitan la ciudad.
La percepción del turismo entre los residentes de Barcelona es, en su mayoría, positiva. Según un barómetro municipal, el 70% de los habitantes considera que el turismo es beneficioso para la ciudad, lo que contrasta con el fenómeno de la turismofobia que se ha manifestado en otros lugares. Este respaldo se entiende cuando se consideran los beneficios económicos que el turismo aporta, no solo a Barcelona, sino también a otras regiones de Cataluña. La Costa Brava, por ejemplo, experimentó una ocupación del 85% en julio, ligeramente inferior al 90% registrado en 2023. Sin embargo, las perspectivas para el año son optimistas, ya que las reservas se están desestacionalizando y mostrando un crecimiento para los meses de septiembre y octubre, lo que augura un balance anual positivo.
A pesar de la importancia del turismo para la economía catalana, las administraciones locales y regionales parecen estar tomando decisiones que podrían poner en riesgo este sector crucial. Un ejemplo es el anuncio del alcalde de Barcelona sobre la prohibición de los apartamentos turísticos a partir de 2029. Según la patronal del sector, esta medida podría tener un impacto negativo de 1.500 millones de euros en la ciudad y, si se extendiera a toda Cataluña, las pérdidas podrían ascender a 3.000 millones de euros anuales, además de la eliminación de 10.417 empleos.
Los apartamentos turísticos representan aproximadamente el 40% de la oferta de alojamiento en Barcelona. Su desaparición supondría una reducción drástica en la capacidad de la ciudad para acoger turistas, lo que podría tener consecuencias devastadoras para sectores relacionados como el transporte (taxis y autobuses), la hostelería, el ocio nocturno y el comercio. En este contexto, el gremio de Hoteles de Barcelona ha advertido que sus asociados contribuyen con 400 millones de euros anuales a las arcas públicas en forma de impuestos, además de los 95 millones recaudados por el Ayuntamiento en tasas turísticas. Esta tasa se ha convertido en la tercera fuente de ingresos municipales, solo superada por el IBI y las plusvalías.
El futuro del turismo en Barcelona y Cataluña podría verse aún más comprometido con los incrementos previstos en la tasa turística a partir de octubre, que elevarán el mínimo a cuatro euros por persona y noche. Se estima que estos aumentos generarán más de 115 millones de euros anuales para el Ayuntamiento de Barcelona. Cabe destacar que esta tasa se aplica no solo a las pernoctaciones en hoteles, sino también a las estancias en cruceros, con un porcentaje destinado a la Generalitat y otro al Ayuntamiento.
Mientras el turismo sigue siendo un motor clave para la economía catalana, las decisiones políticas y regulatorias actuales podrían amenazar su sostenibilidad a largo plazo. Las medidas restrictivas, la creciente fiscalidad y los problemas de seguridad podrían acabar con un sector que hasta ahora ha sido un pilar de crecimiento y estabilidad económica para la región. Es crucial que las administraciones encuentren un equilibrio entre la regulación y el apoyo a un sector que, con el manejo adecuado, puede seguir siendo un baluarte de prosperidad para Cataluña.
