Entre los puntos más críticos señalados por la entidad, destaca el aumento de la burocracia para los alojamientos turísticos, que ahora tendrán que destinar más recursos a la gestión administrativa en lugar de enfocarse en la atención al cliente y la mejora de sus servicios. Esto afecta especialmente a los pequeños y medianos negocios, que podrían ver comprometida su rentabilidad y capacidad de operación.
Además, la medida podría generar desconfianza entre los turistas, que podrían sentirse incómodos al tener que proporcionar datos adicionales para su registro. Esta percepción podría perjudicar la imagen de España como destino turístico competitivo, en un momento en el que la recuperación del sector tras la pandemia aún está en marcha.
La Mesa del Turismo ha solicitado al Gobierno que reconsidere esta normativa y busque alternativas más razonables y efectivas para abordar los objetivos propuestos. En su lugar, proponen medidas que simplifiquen los trámites administrativos y faciliten el desarrollo de las actividades turísticas, como la digitalización de procesos y la cooperación entre sectores públicos y privados.
“Estamos comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de las normativas, pero estas deben ser equilibradas y diseñadas para fortalecer el turismo, no para complicarlo. Pedimos un diálogo abierto con las autoridades para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados”, añadió Molas.
Las críticas al nuevo registro se producen en un momento crucial para el turismo en España, un sector que representa más del 12% del PIB nacional y emplea a millones de personas. Tras el impacto devastador de la pandemia, el sector apenas comienza a mostrar signos de recuperación sostenida, impulsado por el regreso del turismo internacional y la reactivación de los viajes domésticos.
No obstante, el contexto sigue siendo frágil, con desafíos como la inflación, la competencia de otros destinos europeos y la creciente demanda de sostenibilidad por parte de los viajeros. Según la Mesa del Turismo, cualquier medida que incremente las barreras operativas o afecte la percepción de España como destino de calidad podría comprometer la recuperación del sector a largo plazo.
La entidad insiste en la necesidad de establecer un diálogo constructivo entre el sector privado y las autoridades para garantizar que las políticas públicas estén alineadas con las necesidades reales de la industria. En un entorno altamente competitivo, las decisiones regulatorias deben enfocarse en fortalecer el atractivo de España como destino turístico, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.
