El aeropuerto de Frankfurt-Hahn, que era parcialmente de propiedad pública, fue objeto de acuerdos que incluían tarifas aeroportuarias y condiciones de uso favorables para Ryanair, así como la provisión de ayudas estatales encubiertas bajo la apariencia de acuerdos comerciales. Estos acuerdos, según la Comisión, no se ofrecieron en las mismas condiciones a otras aerolíneas que operaban en el aeropuerto, lo que generó un entorno de competencia desleal.
Uno de los aspectos más polémicos fue el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas operativas del aeropuerto, un esquema que benefició principalmente a Ryanair, la mayor usuaria del aeropuerto en ese momento. Además, la aerolínea se vio favorecida por tarifas reducidas y subsidios directos que no fueron transparentes ni justificados en términos económicos.
El fallo de Bruselas señala que tales ayudas no fueron notificadas a la Comisión Europea, tal como exige la normativa, lo que impidió una revisión adecuada para determinar si eran compatibles con las reglas del mercado único.
La decisión de la Comisión Europea implica que Ryanair tendrá que devolver las ayudas recibidas, aunque la responsabilidad recae en el Estado alemán para proceder a la recuperación de los fondos. Este proceso de recuperación puede ser largo y complejo, dado que incluye la revisión de acuerdos que se remontan a más de dos décadas.
Ryanair, por su parte, ha negado haber recibido trato preferencial o cualquier tipo de ayuda ilegal, argumentando que las tarifas y condiciones ofrecidas fueron negociadas en términos comerciales normales. Sin embargo, la aerolínea ya ha estado en el centro de otras investigaciones similares en distintos países europeos, lo que ha generado un escrutinio más intenso sobre su modelo de negocio y su relación con aeropuertos regionales.
Alemania también enfrenta desafíos con esta decisión, ya que debe recuperar el dinero en un contexto donde Frankfurt-Hahn ha tenido dificultades financieras, y se declaró en quiebra en 2021. Este aeropuerto, que alguna vez fue visto como una apuesta estratégica para atraer tráfico aéreo de bajo coste, ha estado luchando por mantenerse a flote, lo que agrava la situación actual.
La normativa europea en materia de ayudas estatales busca evitar que los gobiernos utilicen fondos públicos para otorgar ventajas indebidas a empresas nacionales o extranjeras, lo que puede distorsionar la competencia en el mercado común. Estos principios son fundamentales para garantizar que todas las empresas, independientemente de su tamaño o país de origen, puedan competir en igualdad de condiciones.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de supervisar estas ayudas y, en caso de que se concedan sin su autorización previa o en condiciones no compatibles con el mercado común, puede ordenar su devolución, como ha sido el caso con Ryanair. La recuperación de las ayudas tiene como objetivo restablecer la igualdad de condiciones en el mercado y evitar que una empresa se beneficie injustamente de los recursos públicos.
El fallo contra Ryanair y Alemania puede sentar un precedente importante para otros aeropuertos y aerolíneas que operan bajo condiciones similares en Europa. El uso de fondos públicos para subsidiar operaciones aéreas de bajo coste ha sido una estrategia común para desarrollar aeropuertos regionales y atraer a aerolíneas que generen tráfico y actividad económica. Sin embargo, esta práctica ha sido objeto de críticas, ya que en algunos casos ha resultado en distorsiones del mercado y en una competencia desleal.
La decisión también llega en un momento crítico para Ryanair, que sigue expandiendo su red de rutas en Europa. La aerolínea ha estado bajo un escrutinio constante debido a sus prácticas laborales, su política de precios agresiva y ahora, sus acuerdos financieros con aeropuertos.
