2. Riesgo de robo de datos
La recopilación masiva de datos incrementa el riesgo de fugas de información y de ataques de phishing. Los operadores turísticos han expresado su preocupación, ya que las transferencias de datos entre agencias, hoteles y otras entidades abren la puerta a errores o a que la información sea usada indebidamente. Además, las leyes de protección de datos en otros países, como Alemania y los Países Bajos, son más estrictas y podrían generar conflictos legales.
3. Exigencias imposibles para el sector del alquiler de coches
El decreto exige que, en el momento de la reserva, las empresas de alquiler de vehículos proporcionen detalles como el modelo, la matrícula y el número de bastidor del coche. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos datos no están disponibles en el momento de la reserva, ya que los vehículos pueden ser asignados tiempo después o incluso no haber sido comprados aún. Esto crea una brecha entre la normativa y la realidad operativa del sector.
4. Duplicidad de datos
Otro gran problema es la duplicidad de la información. Distintos actores dentro de la cadena de valor, como agencias, touroperadores y hoteles, están obligados a notificar la misma información al Ministerio del Interior, lo que genera una innecesaria multiplicación de tareas y posibles errores. Además, esto aumenta el riesgo de inconsistencias y sobrecarga administrativa.
5. Falta de automatización
La falta de herramientas tecnológicas adecuadas para automatizar la recolección y envío de los datos también es una fuente de preocupación. A pesar de que se ha prometido una automatización del proceso, en la práctica, la mayoría de los registros deben hacerse manualmente, lo que incrementa la carga de trabajo y los errores humanos. Empresas como DER Touristik España han intentado sin éxito integrar sus sistemas con los del Ministerio del Interior desde 2022.
6. Sobrecarga administrativa
El incremento en la carga administrativa que conlleva esta normativa es un reto especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el 95% del sector turístico en España. Las nuevas exigencias generan costos operativos adicionales y una mayor complejidad en la gestión diaria, algo que muchas pymes no están en condiciones de asumir.
7. Promesas sin garantías
Finalmente, el sector se siente frustrado por la falta de garantías vinculantes por parte del Ministerio del Interior. Aunque se han realizado promesas verbales de flexibilidad en ciertos aspectos del decreto, no se ha proporcionado ningún documento oficial que proteja a las empresas de sanciones, que pueden variar desde 100 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En resumen, el Real Decreto 933/2021 sigue generando controversia por su impacto desproporcionado en el sector turístico, que lo considera un obstáculo inasumible para su operativa diaria.
