Estas declaraciones reflejan la postura de las aerolíneas, que argumentan que las compensaciones representan una carga financiera significativa. No obstante, APRA señala que el costo de compensación bajo el Reglamento CE 261 oscila entre 0,58€ y 1,17€ por pasajero, una cifra mínima en comparación con los beneficios récord que han obtenido las aerolíneas en años recientes.
La propuesta de las aerolíneas ha generado preocupación entre organizaciones de consumidores y defensores de los derechos de los pasajeros. Argumentan que ampliar el umbral de retraso sin penalizaciones afectaría gravemente la experiencia de los viajeros, quienes tendrían que soportar esperas prolongadas sin recibir compensación alguna. Además, señalan que, durante la pandemia, muchas de estas aerolíneas fueron rescatadas con fondos públicos, por lo que eliminar derechos adquiridos representaría un retroceso inaceptable para los pasajeros europeos.
Este debate se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre las aerolíneas y las autoridades reguladoras en Europa.
La discusión sobre las compensaciones por retrasos también ha llegado a otros continentes. En Australia, por ejemplo, se está debatiendo una propuesta de ley similar a la europea que obligaría a las aerolíneas a compensar a los pasajeros por retrasos. Qantas, la principal aerolínea australiana, ha sido acusada de utilizar datos selectivos para oponerse a esta legislación, argumentando que aumentaría los costos para los consumidores sin reducir las demoras. Sin embargo, estudios indican que, desde la implementación de leyes de compensación en la Unión Europea, ha habido una reducción proporcional en los retrasos causados por las aerolíneas, lo que sugiere que tales regulaciones pueden incentivar a las compañías a mejorar su puntualidad.
En el ámbito judicial, casos como el de Dawson contra Thomson Airways en el Reino Unido han sentado precedentes importantes en la defensa de los derechos de los pasajeros. En este caso, se estableció que los pasajeros pueden reclamar compensaciones por retrasos de hasta seis años atrás, fortaleciendo la posición de los consumidores frente a las aerolíneas.
La propuesta de las aerolíneas europeas de modificar el Reglamento CE 261 ha encendido un debate sobre el equilibrio entre la rentabilidad de las compañías y la protección de los derechos de los pasajeros. Mientras las aerolíneas argumentan que las compensaciones actuales representan una carga financiera significativa, las organizaciones de consumidores insisten en que reducir estas compensaciones perjudicaría gravemente a los viajeros, especialmente en un contexto donde las aerolíneas han recibido apoyo financiero público. La discusión continúa, y será fundamental encontrar un equilibrio que garantice tanto la sostenibilidad de las aerolíneas como la protección de los derechos de los pasajeros en Europa.
