A este escenario se añade un elemento clave: la tarifa de 27.000 millones proyectada por la CBO no se quedaría de forma permanente en las arcas del Estado, ya que la normativa establece que el dinero sería reembolsado a los solicitantes al término de la vigencia del visado, generalmente de diez años. Eso significa que, más allá de una entrada temporal de liquidez, la recaudación acabaría por devolverse. Si se suma el menor gasto turístico y la eventual devolución de lo recaudado, las pérdidas netas podrían superar los 60.000 millones de dólares en una década.
Las críticas no se han hecho esperar en asociaciones y cámaras del sector. Representantes de la industria afirman que esta decisión amenaza con destruir cerca de 15.000 empleos relacionados con el turismo, además de frenar proyectos de inversión en destinos que dependen de los viajeros internacionales. También alertan sobre el riesgo de deterioro de la imagen de Estados Unidos como destino turístico, en un momento en el que la competencia global es cada vez más intensa.
Medios como Forbes han subrayado que la CBO no tomó en cuenta el efecto de segunda vuelta que provoca la caída del turismo: menos gasto de los visitantes en hoteles, restaurantes y comercios; reducción en la recaudación de impuestos locales y estatales; y la pérdida de empleos en sectores intensivos en mano de obra. En otras palabras, lo que el gobierno ganaría con la tarifa se vería neutralizado —e incluso superado— por el retroceso económico generado.
El caso de India ilustra con claridad los riesgos. Los viajeros de este país gastaron en 2024 más de 13.300 millones de dólares en sus visitas a Estados Unidos, de acuerdo con el National Travel and Tourism Office del Departamento de Comercio. La imposición de una tarifa de 250 dólares por persona, sumada a los 165 dólares ya exigidos para tramitar el visado, puede convertirse en un obstáculo serio. Para muchas familias, tener que inmovilizar esa cantidad de dinero durante una década representa un desincentivo que podría llevarlas a replantearse el destino de sus vacaciones.
Además, la medida podría ser vista como una señal negativa hacia naciones que han fortalecido su relación con Estados Unidos a través del turismo y los negocios. En algunos mercados, expertos no descartan incluso que se generen movimientos de boicot, con viajeros que decidan explorar destinos alternativos más accesibles y con políticas migratorias menos restrictivas.
En el trasfondo de la discusión subyace un dilema mayor: ¿es conveniente sacrificar el dinamismo de una industria estratégica por una medida de recaudación temporal? El turismo no sólo genera ingresos directos al fisco, sino que moviliza cadenas de valor completas, fomenta el intercambio cultural y refuerza la imagen del país en el exterior.
Si bien la tarifa de integridad de visado ha sido presentada como un instrumento financiero, cada vez más voces advierten que podría convertirse en un boomerang para la economía estadounidense. El tiempo y la respuesta de los mercados emisores dirán si la medida logra los objetivos planteados por el gobierno o si, por el contrario, termina erosionando la competitividad del destino más visitado del continente.
