El consorcio responsable de la obra, Eurolink —liderado por Webuild e integrado también por el grupo español Sacyr (22,4 %) y otras empresas internacionales— ya ha firmado contratos por un valor inicial de 10.600 millones de euros, aunque se espera que la inversión total ascienda a 13.500 o 13.532 millones, tomando en cuenta las infraestructuras complementarias que rodearán la estructura principal.
El proyecto no solo es una hazaña de ingeniería sin precedentes, sino que también se concibe como un motor de transformación económica para el sur de Italia. Se estima que se generarán entre 100.000 y 120.000 empleos directos e indirectos al año a lo largo de su ejecución; un empujón significativo para Sicilia y Calabria, dos de las zonas más desfavorecidas del país.
Además, el Gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha decidido registrar parte del gasto como inversión militar, buscando así contribuir al objetivo del bloque atlántico de que cada país miembro destine el 5 % del PIB a defensa.
Pero el entusiasmo oficial enfrenta críticas desde distintos frentes. Organismos ambientales europeos y locales han planteado reservas respecto al daño al ecosistema del estrecho, la gestión de recursos hídricos —especialmente en regiones afectadas por sequía— y la transparencia en adjudicaciones… preocupaciones que se unen a la memoria de corrupción asociada a grandes obras del sur de Italia.
El impacto fue tan profundo que uno de los arquitectos del proyecto renunció a la Orden de Arquitectos de Messina, argumentando que esta debería “protestar contra proyectos descontextualizados y perjudiciales para el entorno”, en lugar de respaldarlos sin debate.
Aún quedan pendientes varios trámites clave: la aprobación definitiva del Tribunal de Cuentas, evaluaciones ambientales adicionales y expropiaciones de terrenos, además del riesgo de recursos judiciales e impugnaciones políticas.
Si se cumplen los plazos previstos, el inicio de los trabajos, incluyendo expropiaciones, podría comenzar entre septiembre y octubre de 2025, con un horizonte de finalización situado entre 2032 y 2033.
Este puente, más allá de su función logística, simboliza una Italia renovada, dispuesta a alcanzar metas históricas que se remontan a los antiguos romanos. Su viabilidad técnica, su magnitud económica y las tensiones sociales que genera lo convierten en una de las infraestructuras más controvertidas y esperadas en el panorama europeo contemporáneo.
