El objetivo fundamental es cubrir una demanda de mano de obra que, de otra forma, no podría ser satisfecha, garantizando el funcionamiento fluido de los sectores económicos clave del país. Pero más allá de satisfacer la demanda laboral, esta política migratoria apunta también a instaurar un mecanismo estable y controlado que genere canales formales de negociación con los países de origen de los trabajadores. Así, se busca no solo regular la entrada, sino también combatir la inmigración irregular, el trabajo no declarado y la explotación laboral,
Al impulsar este decreto, el ejecutivo italiano hace frente a una doble urgencia: paliar con rapidez el déficit de mano de obra que amenaza la competitividad y operatividad del turismo y la agricultura, especialmente en temporada alta, y al mismo tiempo, fomentar una gestión migratoria ordenada. La regulación de estos flujos permitirá no solo aliviar temporalmente la presión en determinados sectores, sino crear un marco más inteligente e institucionalizado para los flujos migratorios futuros.
En muchos territorios de Italia, la temporada turística es sinónimo de regocijo económico, movilidad y actividad cultural. Sin embargo, cuando falta personal, la experiencia se resiente: servicios lentos, cuellos de botella en hostelería y restauración, y una capacidad limitada para acoger a todos los visitantes. En el caso de la agricultura, la ausencia de trabajadores estacionales puede traducirse en cosechas perdidas, productos perecederos sin recoger y pérdidas económicas cuantiosas. Por ello, la concesión de visados estacionales para este tipo de actividades representa una respuesta directa a una problemática tangible, y la separación entre empleo estacional y no estacional permite adaptar el sistema a las necesidades reales del mercado.
Asimismo, esta medida dota a los empleadores de un recurso claro y regulado para incorporar talento exterior, lo cual resulta esencial en regiones con baja natalidad o envejecimiento poblacional. Agilizar y formalizar la incorporación de mano de obra extranjera fomenta, además, una mayor integración y reducción del desequilibrio entre oferta y demanda laboral. Y al fortalecer los vínculos entre los países emisores y receptores de trabajadores, se amplía la capacidad para consensuar modelos migratorios más eficientes y humanos.
La decisión del Gobierno también supone un paso adelante en el ámbito de la lucha contra las redes de trabajo informal. Al habilitar vías legales de acceso al empleo, se fortalece la transparencia laboral y se protege a los trabajadores frente a situaciones de explotación, precariedad o desigualdad. Esta formalización tiene, además, un impacto positivo en las condiciones laborales generales y en la recaudación fiscal, al incorporar a más personas al sistema contributivo.
La apertura de 500.000 visados —164.850 en 2026 y 335.150 en 2027 y 2028—, de los cuales 230.550 son para empleo no estacional o autónomo y 267.000 para trabajos estacionales en agricultura y turismo, configura una respuesta ambiciosa y multifacética a un desafío estructural. Más allá de abordar las urgencias del momento, el decreto busca establecer un modelo más ordenado y sostenible de inmigración, reconciliando las necesidades de crecimiento económico con la justicia laboral y el control migratorio.
