No obstante, desde el sector de la hostelería han surgido advertencias. UKHospitality —que agrupa a hoteles, restaurantes y empresas turísticas— ha criticado la medida, alertando de su posible impacto negativo sobre la demanda turística. Según esta organización, un recargo similar al que se prevé —por ejemplo, del 5 % sobre el coste del alojamiento— podría encarecer considerablemente las vacaciones domésticas, lo que a su vez podría desincentivar viajes y afectar la competitividad del turismo británico.
Los críticos también señalan que el nuevo impuesto podría incrementar la carga financiera sobre familias y turistas, en un contexto donde los precios ya se han incrementado tras la pandemia y la inflación general. Temen que el coste adicional acabe repercutiendo en la ocupación hotelera y en la demanda de alquileres a corto plazo.
La propuesta debe ahora pasar por una consulta pública, abierta durante 12 semanas, para decidir detalles clave: si la tasa será fija por noche o un porcentaje sobre el coste del alojamiento, qué tipos de inmuebles y estancias se gravarán, y si habrá excepciones para ciertas categorías de viajeros.
El paso dado por Inglaterra representa una transformación significativa: hasta ahora, salvo algunas ciudades que ofrecían recargos a través de estructuras especiales —como los llamados ABID (áreas de mejora turística)—, el país no tenía una legislación general sobre tasas turísticas. Con esta reforma, muchas urbes podrían sumarse a un modelo que ya es habitual en metrópolis europeas.
De concretarse, los visitantes podrían ver reflejado en su factura final un cargo adicional al coste de la habitación; una pequeña cantidad por noche que, sumada a múltiples noches, podría notarse especialmente en viajes familiares o prolongados. Esto plantea interrogantes sobre cómo responderán los turistas frente a este nuevo coste, y si los destinos británicos podrán mantener su atractivo frente a otras ciudades europeas con menor carga fiscal.
En un contexto más amplio, la decisión posiciona a Inglaterra dentro de una tendencia global: numerosos destinos turísticos optan por trasladar parte del coste de la infraestructura, servicios y mantenimiento urbanos al visitante. Si bien la recaudación promete beneficios —mejora de transporte, limpieza urbana, conservación del patrimonio, mayor calidad en servicios públicos—, la clave estará en aplicar la tasa de tal forma que no desincentive el turismo, sobre todo en segmentos sensibles al precio.
Queda por ver si, al final de la consulta, los ayuntamientos optan por tasas moderadas y equilibradas, que contribuyan al desarrollo local sin erosionar el flujo de visitantes, o si la medida derivará en un aumento del coste de viajar por Inglaterra —lo que podría afectar tanto al turismo doméstico como al internacional.
