Entre las infracciones recurrentes detectadas por Consumo figuraban la ausencia del número de licencia obligatorio en los anuncios, el uso de registros falsos o inválidos, y la omisión de información sobre si el arrendador es un particular o un profesional, detalles esenciales para los derechos del consumidor. Estas irregularidades, según las autoridades, suponen una vulneración de la transparencia en el mercado de alquiler temporal y representan un riesgo para la protección de los usuarios.
La retirada de anuncios por parte de Booking sigue a una ofensiva regulatoria del Gobierno que también involucró a Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó en dos ocasiones los requerimientos de Consumo para que Airbnb eliminara inicialmente 5.800 anuncios ilegales y, más tarde, otras 60.000 ofertas no conformes, sumando alrededor de 65.935 anuncios retirados. En contraste, Airbnb había solicitado medidas cautelares para frenar la orden, las cuales fueron rechazadas por el tribunal.
Este avance marca un antes y un después en el control del alquiler vacacional en España. El Ministerio se encuentra inmerso en una estrategia de supervisión estricta y reiterada, en la que ya ha emitido tres requerimientos a las plataformas y planea intensificar los controles para garantizar que todas las ofertas cumplan con la normativa local, evitando así la formación de barrios saturados por turistas en detrimento de los residentes.
Organizaciones vecinales, asociaciones en defensa de la vivienda y algunos gobiernos autonómicos han aplaudido la iniciativa y reclamado un marco regulatorio nacional unificado, que impida la burocracia fragmentada y regule de forma efectiva el número de licencias disponibles por zona. Por su parte, Booking considera que la evolución hacia una regulación más precisa no solo beneficia al consumidor, sino que aporta mayor seguridad jurídica a propietarios y plataformas.
En un contexto donde el turismo vacacional ha sido identificado como uno de los principales factores de escasez de vivienda, esta medida puede suponer el inicio de un nuevo modelo de gestión equilibrado que respete a la comunidad urbana. Queda por ver cómo actuarán las comunidades autónomas más afectadas, como Cataluña, Baleares y Canarias, en cuanto a sanciones o posibles restricciones adicionales.
El movimiento de Booking demuestra que, bajo presión administrativa y judicial, las grandes plataformas pueden alinearse con las políticas comunitarias y abordar colectivamente el desafío de conservar un parque de vivienda accesible para todos. De mantenerse esta tendencia, España avanzaría hacia un modelo turístico que combine crecimiento económico con derechos sociales y cohesión urbana.
