Uno de los pilares de esta revisión es el régimen especial del IVA para las agencias de viajes. Actualmente, este régimen se basa en el margen de beneficio y la ubicación de la empresa, lo cual ha provocado incoherencias entre los distintos Estados miembros y ventajas injustas para agencias radicadas fuera de la UE. Según Bruselas, estos operadores extracomunitarios pueden ofrecer precios entre un 2 % y un 4 % más competitivos frente a las agencias europeas, al no aplicar el IVA comunitario y evitar deducciones fiscales internas. Este desequilibrio, además de generar competencia desleal, ha supuesto pérdidas de recaudación para varios Estados de la Unión.
El segundo eje de esta iniciativa se centra en la tributación del transporte de pasajeros. Actualmente, el IVA de este sector se calcula según la distancia recorrida dentro de la Unión Europea, lo que implica complicaciones burocráticas importantes, especialmente para pymes que operan rutas transnacionales. Cada tramo de trayecto requiere una declaración en distintos países, con normas fiscales heterogéneas que dificultan su cumplimiento. Además, esta situación favorece modalidades como el transporte aéreo internacional, exento de IVA, en detrimento de opciones más sostenibles como el transporte terrestre o ferroviario, lo que contradice los objetivos del Pacto Verde Europeo.
La Comisión Europea subraya que modernizar estas normas es esencial no solo para promover la equidad en la competencia, sino también para reducir la carga administrativa y alinear la fiscalidad con los objetivos de sostenibilidad y digitalización que la UE se ha marcado en su agenda estratégica. El turismo representa aproximadamente el 10 % del Producto Interior Bruto comunitario y proporciona empleo a millones de europeos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que configuran el núcleo del sector.
La participación está abierta tanto a agencias, operadores de transporte, autoridades fiscales nacionales y la ciudadanía en general, a través de un cuestionario en línea accesible desde el portal de la Comisión. La Comisión recogerá las respuestas a lo largo de los tres meses previstos y las utilizará como base para diseñar la futura Directiva sobre IVA en turismo, que se espera presentar para finales de 2026.
El debate abre la oportunidad de reconsiderar cuestiones fundamentales como la armonización del tratamiento fiscal para agencias dentro y fuera de la UE, y la simplificación del IVA en función del lugar real de prestación del servicio. Ambas dimensiones aparecen sobre la mesa con el propósito de eliminar privilegios injustificados, reducir la burocracia para los operadores pequeños y fomentar una competencia más justa dentro del mercado único europeo.
A nivel estratégico, esta consulta supone un paso relevante en la agenda fiscal del bloque. No solo aborda puntos específicos del régimen del IVA en turismo, sino que también refleja la voluntad de alinear todo el marco tributario con las transformaciones digitales y ambientales aceleradas por las emergencias climáticas y las demandas derivadas del siglo XXI. Además, el esfuerzo por incluir a las pymes y ciudadanos en el proceso refleja un modelo más participativo y colaborativo en la elaboración normativa .
Esta consulta pública representa una oportunidad histórica para reformar un conjunto normativo que Bruselas considera anticuado y distorsionador. La intención es crear un marco más justo, eficiente y sostenible que impulse la competitividad de las empresas europeas en un sector vital para la economía continental. Las impresiones, sugerencias y críticas recibidas durante este periodo de participación serán determinantes para la redacción de la propuesta legislativa que, si todo avanza según lo previsto, verá la luz en 2026.
