Las protestas, mayoritariamente pacíficas, han incluido marchas, concentraciones y actos simbólicos como la colocación de carteles en inglés que invitan a los visitantes a ser respetuosos y conscientes de su impacto. No obstante, algunas expresiones recientes han escalado en intensidad, incluyendo actos de vandalismo contra fachadas de negocios asociados al turismo y pintas en edificios públicos. Esta evolución preocupa tanto a autoridades como a organizaciones ciudadanas, que temen que la frustración legítima pueda derivar en confrontaciones y estigmatización, tanto de turistas como de residentes extranjeros.
Detrás del malestar se encuentra una sensación compartida por muchos vecinos: la de haber sido desplazados o invisibilizados en su propio territorio. La proliferación de alquileres turísticos a corto plazo, facilitados por plataformas digitales, ha reducido drásticamente la oferta de vivienda accesible, encareciendo los precios y haciendo casi imposible para muchos jóvenes o familias de clase media seguir viviendo en las zonas donde crecieron. Esta tendencia, lejos de ser exclusiva de Ciudad de México, se repite en grandes ciudades del mundo como Barcelona, Lisboa o Ámsterdam, donde también han surgido movimientos vecinales que exigen medidas para frenar la turistificación.
El gobierno de la Ciudad de México ha reconocido el problema y ha comenzado a tomar medidas para regular el uso de viviendas como alojamientos temporales, al tiempo que impulsa campañas para promover un turismo más responsable e integrador. Sin embargo, muchos activistas consideran que las acciones son insuficientes y que se necesita un replanteamiento profundo del modelo turístico que favorezca la sostenibilidad, la equidad y la participación comunitaria en la toma de decisiones.
Por su parte, asociaciones del sector turístico defienden los beneficios que la industria trae a la ciudad, incluyendo inversión, empleo y visibilidad internacional. No obstante, también reconocen que el crecimiento debe ir acompañado de responsabilidad social y urbanística, y que es necesario construir puentes de diálogo con la ciudadanía para evitar una mayor polarización.
Mientras tanto, la tensión sigue creciendo, alimentada por el contraste entre el lujo y dinamismo que algunos visitantes experimentan, y la precariedad o desplazamiento que muchos residentes padecen. En un contexto en el que las ciudades buscan recuperarse tras los efectos económicos de la pandemia, la Ciudad de México se enfrenta al desafío de equilibrar su vocación turística con el derecho a la ciudad de sus habitantes. La solución no pasa por rechazar al visitante, sino por rediseñar políticas que armonicen los intereses de quienes llegan con los derechos de quienes habitan.
El caso de la capital mexicana se ha convertido en un símbolo de los dilemas contemporáneos que enfrentan los destinos urbanos globales: cómo crecer sin devorar la identidad local, cómo atraer sin expulsar, cómo compartir sin imponer. Las voces que hoy se alzan en sus calles no hablan solamente de turismo, sino de dignidad, justicia urbana y el derecho a no ser forastero en la propia ciudad.