Una de las prácticas que más ha llamado la atención es la copia de datos de los dispositivos para su análisis posterior. En algunos casos, los agentes extraen información como contactos, mensajes, correos electrónicos, historial de navegación y archivos almacenados, utilizando herramientas forenses avanzadas. Aunque la CBP afirma que estos procedimientos se aplican de forma selectiva y bajo protocolos internos, cada vez son más los casos documentados en los que los viajeros se han visto obligados a entregar sus dispositivos desbloqueados y sin garantía de confidencialidad sobre los datos copiados.
La legislación estadounidense permite este tipo de registros en los llamados “puntos de entrada”, que incluyen aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres. A efectos legales, estos espacios gozan de un estatus especial que permite a las autoridades realizar inspecciones sin necesidad de una causa probable o una orden judicial, algo que normalmente sería necesario dentro del territorio nacional. No obstante, diversas organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales y carecen de la transparencia necesaria para evitar abusos.
La medida afecta a viajeros de todas las nacionalidades, incluidos ciudadanos de la Unión Europea y países latinoamericanos, lo que ha llevado a varios gobiernos y consulados a emitir recomendaciones de precaución. Entre ellas, se sugiere a los pasajeros limitar la información sensible almacenada en sus dispositivos antes de viajar, utilizar contraseñas robustas y conocer sus derechos en caso de ser seleccionados para una inspección secundaria.
Desde el punto de vista turístico, esta política podría tener implicaciones en la percepción del destino estadounidense como lugar de acogida. Aunque la mayoría de los viajeros no experimenta este tipo de controles, el simple hecho de saber que pueden ser sometidos a una revisión exhaustiva de su vida digital genera una sensación de incertidumbre. Algunos sectores del turismo, especialmente aquellos vinculados al viajero de negocios o de alto poder adquisitivo, han expresado preocupación por el posible impacto en la experiencia del visitante y en la imagen internacional del país.
La CBP ha reiterado que su prioridad es garantizar la seguridad nacional y que estos controles forman parte de un esfuerzo integral para prevenir amenazas. Sin embargo, también ha señalado que se revisan de forma periódica los protocolos de actuación para asegurar el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos de las personas. Mientras tanto, el debate continúa abierto en Estados Unidos sobre la legalidad y la ética de estas prácticas, especialmente en un contexto donde la privacidad digital se ha convertido en un valor central para muchos ciudadanos y viajeros.
A medida que el mundo avanza hacia una mayor conectividad, la frontera entre la seguridad y la privacidad se vuelve cada vez más delicada. En este escenario, las decisiones de Estados Unidos podrían marcar el rumbo de futuras políticas de control migratorio en otros países, lo que convierte a este tema en una cuestión clave del presente y del futuro de la movilidad internacional.