En su comunicado, el secretario Duffy señaló que México ha “cancelado e inmovilizado ilegalmente los vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencias” y que mientras ese incumplimiento persista, los Estados Unidos “seguirán exigiendo responsabilidades”. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado la medida calificándola de unilateral e injustificada, e indicó que solicitará una reunión entre el canciller mexicano y el secretario de Estado estadounidense para analizar el fondo de la controversia.
El detonante de esta crisis radica en las modificaciones aéreas que México implementó en años recientes, como la reducción de franjas horarias (slots) para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la imposición del traslado de operaciones de carga hacia el AIFA, lo que, según EE. UU., ha alterado el equilibrio competitivo y la aplicación del acuerdo bilateral.
Para las aerolíneas mexicanas, la medida supone perturbaciones importantes. Volaris, por ejemplo, indicó que está evaluando las consecuencias de la orden de Estados Unidos, aunque consideró que su impacto en carga sería marginal debido a su limitada actividad en ese segmento. Viva Aerobus advirtió que la cancelación de rutas tendrá repercusiones para miles de pasajeros justo en plena temporada vacacional y explicó que “la decisión unilateral anunciada por Estados Unidos, y la poca antelación con la que emiten esta orden, tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos”.
Ese impacto trasciende a las compañías aéreas y alcanza al tejido turístico, a la conectividad entre ambos países y a la estrategia aeroportuaria de México. De hecho, el AIFA, que se proyectaba como el aeropuerto complementario al congestinado AICM, ve su expansión bloqueada por esta medida, lo que frenaría un elemento clave del plan de modernización de la infraestructura mexicana.
Por otro lado, en el plano diplomático esta acción agrava las ya tensas relaciones entre México y Estados Unidos, donde en el trasfondo se combinan aspectos de comercio, competencia aérea, migración y soberanía. La cancelación de rutas se interpreta como parte de una estrategia más amplia con corte proteccionista o de imposición de condiciones a México.
A corto plazo, será vital observar cómo reaccionan las aerolíneas afectadas —tanto mexicanas como estadounidenses— y si se establecen canales de negociación para revertir la medida o al menos mitigar sus efectos. El cumplimiento, o al menos la voluntad de México de atender las quejas de su socio estadounidense, podría abrir una vía de solución. Mientras tanto, los pasajeros que ya hubiesen planificado viajes en esas rutas deberán estar atentos a posibles cancelaciones o modificaciones operativas.
En definitiva, la decisión de Estados Unidos de revocar 13 rutas aéreas mexicanas marca un punto de inflexión en la industria de la aviación entre ambos países. Representa un tirón de orejas formal a México, un desafío operativo para las firmas aéreas y un recordatorio de hasta qué punto los acuerdos internacionales pueden condicionar la conectividad y la movilidad global. La evolución de este conflicto y la manera en que se resuelva determinarán no solo el futuro de determinadas rutas, sino también las dinámicas de cooperación aérea y diplomática entre México y Estados Unidos en los próximos años.
