La situación ha generado inquietud entre legisladores demócratas, que a través de una carta conjunta firmada por hasta dieciocho senadores advirtieron que eliminar este tipo de compensaciones afecta directamente al consumidor. En su misiva, señalaron que cuando un fallo de la aerolínea provoca gastos imprevistos para las familias —alquiler de hotel, reservas perdidas, conexiones imposibles—, “la aerolínea debería intentar remediar la situación ofreciendo alojamiento o ayudando a cubrir esos costes”. Sin embargo, el Ejecutivo ha desechado ese argumento y ha optado por dejar que las compañías aéreas decidan libremente sus políticas de atención al cliente en casos de retraso.
Cabe destacar que en otros mercados, como el European Union Aviation Safety Agency (UE), Canadá, Brasil y el United Kingdom, sí existe normativa que exige compensaciones por vuelos retrasados o cancelados. En cambio, en Estados Unidos no sólo se elimina este instrumento, sino que tradicionalmente las aerolíneas ya no están obligadas a garantizar compensación monetaria por interrupciones “significativas”. Sólo están forzadas a reembolsar el coste del billete en caso de cancelación.
Además, el USDOT ha anunciado que evalúa también derogar otras regulaciones impuestas durante la Administración anterior, como la obligación de mostrar los cargos por servicio junto a la tarifa aérea. Igualmente, está planeando redefinir qué se considera una “cancelación de vuelo” en la que los pasajeros tienen derecho a reembolso, y revisar las normas sobre publicidad del billete y precios.
Desde un punto de vista técnico, esta modificación abre el mercado norteamericano a una mayor flexibilidad operativa para las compañías aéreas, que podrán adaptar sus políticas comerciales sin regirse por un estándar mínimo de compensación. No obstante, para los viajeros supone una pérdida directa de derechos con respecto a otros entornos internacionales. Los pasajeros que sufran demoras prolongadas ya no podrán reclamar automáticamente una compensación económica por el tiempo de espera o por los gastos asociados al retraso, salvo que la aerolínea decida hacerlo de forma voluntaria.
La eliminación de la norma por parte de Estados Unidos representa un cambio de enfoque claro: de una regulación orientada a protección del consumidor a otra que prioriza la competitividad y reducción de cargas para las aerolíneas. Para los viajeros internacionales o aquellos que hacen conexiones con trayectos domésticos en EE.UU., resulta esencial conocer que sus derechos en materia de retrasos pueden ser muy distintos a los contemplados en la Unión Europea o en otros países con normativas similares.
