Según LAP, este cobro responde al uso de infraestructura y servicios aeroportuarios destinados a pasajeros en tránsito, aun cuando no abandonen el área de tránsito del aeropuerto. Dado que las aerolíneas han rechazado incluir este costo en las tarifas de los boletos —argumentando que ello encarecería los pasajes y afectaría la competitividad—, la empresa concesionaria deberá implementar formas alternativas de pago. Entre las opciones que se están evaluando figuran plataformas de pago en línea previas al viaje, puntos de pago presencial dentro de las áreas de conexión, y terminales móviles (POS) operados por personal autorizado.
El regulador responsable, Ositrán, ha defendido la medida, señalando que el ajuste se apega estrictamente al contrato de concesión y fue respaldado por un análisis técnico validado por expertos externos. Su presidenta ejecutiva, Verónica Zambrano, aseguró que no habrá impacto para pasajeros nacionales, pues la tarifa sólo aplicará para conexiones internacionales, y descartó arbitrariedades o cobros duplicados. Aun así, la decisión ha generado malestar y una fuerte reacción del sector aéreo.
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) —que agrupa a varias aerolíneas— ha manifestado su rechazo a la medida y anunció su intención de impugnarla formalmente. Argumentan que el cobro adicional podría disuadir a muchos viajeros de hacer escala en Lima, disminuyendo la demanda de conexiones a través de Perú y poniendo en riesgo la viabilidad de múltiples rutas internacionales.
Por su parte, organizaciones del sector turismo —entre ellas agencias de viajes y gremios vinculados al turismo receptivo— han advertido sobre los efectos negativos en la competitividad del país como hub regional. Consideran que esta tasa adicional podría encarecer los viajes, reducir el atractivo de Lima como punto de conexión frente a otros aeropuertos sudamericanos y obstaculizar los esfuerzos por recuperar y dinamizar el turismo internacional.
El contexto adquiere especial relevancia de cara a las próximas temporadas altas de viajes —Navidad y Año Nuevo—, cuando el flujo de pasajeros suele incrementarse. Además, el momento coincide con los planes de modernización y ampliación del aeropuerto, un factor que según LAP justifica la necesidad de recuperar inversiones a través de la TUUA.
En consecuencia, la implementación de esta tarifa abre un debate sobre el equilibrio entre los costos operativos del aeropuerto y la competitividad aérea internacional de Perú. Para muchos actores del sector, la medida podría significar un golpe a la estrategia de posicionamiento del Jorge Chávez como nodo logístico clave en Sudamérica. Será vital observar cómo responden las aerolíneas, los pasajeros y los reguladores en las próximas semanas, y si se mantienen los mecanismos de pago previstos por LAP sin generar disrupciones ni elevar considerablemente el costo del viaje.
