La decisión llega en un contexto de presión sobre el sistema: los tiempos de espera para entrevistas de turismo y negocios (B1/B2) continúan siendo elevados en numerosos consulados. La propia página de la Oficina de Asuntos Consulares publica, con actualización mensual, esperas medias y próximas citas disponibles; en algunos puestos de la región han superado recientemente el año, con picos en ciudades como Bogotá o Hermosillo, a pesar de los esfuerzos por añadir cupos de manera regular. El Departamento de Estado insiste en que los solicitantes revisen con frecuencia el sistema para reprogramar si aparecen turnos más cercanos.
El cierre de la llamada “tercerización” de trámites se suma a otras novedades regulatorias en 2025. Entre ellas, el relanzamiento —limitado y por países— de un programa de fianzas para visados de turismo y negocios (B1/B2) dirigido a naciones con tasas de sobreestancia elevadas. Según la notificación vigente, ciudadanos de Gambia, Malawi y Zambia deben depositar garantías de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, a criterio consular, con reembolso condicionado al cumplimiento íntegro de las condiciones del visado. El requisito aplica con independencia del lugar donde se solicite la visa y obliga a entrar y salir por puertos de entrada designados.
Además, desde el 1 de octubre de 2025 rige la nueva “Visa Integrity Fee” de 250 dólares para la mayoría de solicitantes de visas no inmigrantes. Esta tarifa, creada por ley, se añade a los pagos existentes y, según el marco aprobado, podría reembolsarse una vez expirado el visado si el viajero acredita cumplimiento total de las condiciones. La normativa prevé que el monto se actualice cada año con la inflación a partir de 2026. Diversos análisis del sector han advertido que el encarecimiento podría impactar en la accesibilidad del proceso y en los flujos turísticos hacia Estados Unidos.
Para los solicitantes, el cambio práctico es claro: deberán planificar con mayor antelación desde su país de residencia, reunir la documentación que demuestre ese vínculo —cuando corresponda— y considerar que, de intentar gestionar la cita en otro país, podrían enfrentar esperas notablemente más largas y sin derecho a recuperar las tasas pagadas. El Departamento de Estado recuerda que hay exenciones limitadas —como las categorías A y G, entre otras— y que, en situaciones humanitarias o por razones de política exterior, puede contemplarse una excepción puntual. La recomendación oficial sigue siendo verificar en la web de la embajada o consulado los requisitos específicos y la operativa vigente antes de programar cualquier desplazamiento.
Este nuevo marco llega, además, a menos de un año del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, un evento con expectativas de afluencia récord. En ese contexto, la certidumbre sobre el lugar de tramitación y la transparencia de los tiempos de espera resultan claves para viajeros de negocios, estudiantes, asistentes a congresos y, por supuesto, aficionados al deporte que planean su viaje. Con las colas todavía tensionadas por los rezagos de la pandemia y la demanda acumulada, ordenar el proceso en el país de residencia pretende reducir la dispersión de solicitudes y facilitar la gestión consular, aunque a corto plazo pueda suponer ajustes logísticos para millones de usuarios del sistema.
Estados Unidos concentra de nuevo la tramitación de visas no inmigrantes en el país de nacionalidad o residencia, define sedes especiales para quienes no tienen servicios disponibles, mantiene vigentes medidas de control adicionales como fianzas selectivas y suma una tarifa de integridad de 250 dólares. La combinación de estos elementos obliga a una planificación más cuidadosa por parte de los solicitantes y a un seguimiento cercano de la información oficial publicada por las autoridades consulares.
