La estructura del impuesto combina progresividad y simplicidad: cuanto más elevada sea la tarifa del alojamiento, mayor será el aporte. En el extremo superior, los establecimientos de alta gama y estancias premium añadirán ¥10.000 por persona y noche; en el rango medio se aplicarán recargos intermedios, mientras que las categorías más económicas asumirán importes simbólicos. Este diseño, que sustituye el tope anterior de ¥1.000 y supera ampliamente los gravámenes vigentes en otras prefecturas, alinea a Kyoto con tendencias internacionales que buscan equilibrar el desarrollo turístico con la calidad de vida local y la conservación de activos culturales. La propia Administración municipal ha defendido que “los turistas también deben participar en el coste de las contramedidas contra el sobreturismo”, una lógica que se ha hecho recurrente en destinos urbanos y patrimoniales de alta demanda.
El impacto presupuestario será inmediato: las proyecciones oficiales apuntan a que la recaudación anual por tasa de alojamiento más que se duplicará, pasando de unos ¥5.200 millones a alrededor de ¥12.600 millones. Con ese margen, Kyoto prevé financiar mejoras en la gestión de flujos, reforzar la señalética multilingüe, invertir en transporte público y en la preservación de templos, santuarios y barrios históricos, además de apoyar programas de sensibilización y de turismo responsable. El consistorio subraya que el incremento no pretende “cerrar” la ciudad al visitante, sino garantizar que el crecimiento del sector sea compatible con el bienestar de la ciudadanía y la calidad de la experiencia turística.
El calendario ofrece al mercado un periodo razonable de adaptación: hoteleros, agencias y plataformas podrán actualizar sus políticas de precios y comunicación con antelación, mientras los viajeros que planifiquen su visita a partir de marzo de 2026 podrán conocer de antemano el coste total de su estancia. Para los segmentos de presupuesto ajustado, seguirá vigente un tramo de ¥200–¥400 por noche, de modo que la barrera de acceso para mochileros y estudiantes será limitada; por el contrario, quienes opten por estancias exclusivas contribuirán de forma más sustantiva al mantenimiento de la “marca Kyoto”. Este enfoque por tramos intenta repartir el esfuerzo sin dañar el posicionamiento internacional del destino, que en los últimos años ha sumado aperturas hoteleras de alto nivel y un crecimiento sostenido de demanda premium.
La decisión de Kyoto llega en un contexto de recuperación turística acelerada en Japón y de debate global sobre cómo gestionar la afluencia en ciudades patrimoniales. Para el sector, supone un recordatorio de que la sostenibilidad ya no es un eslogan, sino una realidad fiscal y operativa que exige transparencia en la comunicación de precios y una oferta que justifique cada yen invertido por el visitante. Para los residentes, es una oportunidad de ver retornos tangibles en servicios y orden urbano. Y para los viajeros, una invitación a ser parte activa del cuidado del destino: pagar más no es sólo un coste adicional, sino una inversión compartida en la autenticidad y el futuro de uno de los lugares más singulares del mundo.
Si bien los detalles operativos y guías para los distintos tipos de alojamiento se irán precisando a medida que se acerque la fecha de entrada en vigor, el mensaje es claro: Kyoto busca consolidar un modelo turístico de alto valor, con reglas previsibles y financiación suficiente para proteger aquello que la hace única. Y lo hará, por primera vez en Japón, con un impuesto que iguala la magnitud de su desafío.
