Las tarifas quedarán escalonadas por categorías de recintos. En la categoría 1 —donde figuran referentes como el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor o la zona arqueológica de Teotihuacán— el boleto pasa de 95 a 209 pesos, lo que supone más que duplicar su costo nominal en pesos. En la categoría 2 —que incluye, entre otros, la zona arqueológica de Becán y Tlatelolco— la entrada se incrementa de 78 a 156 pesos. En la categoría 3 —que abarca, por ejemplo, la zona arqueológica La Venta— la tarifa sube de 75 a 143 pesos. En la categoría 4 —donde se encuentran destinos de altísima demanda como Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, además del Museo del Pueblo Maya— el precio se fija en 104 pesos frente a los 95 previos. Estas cifras, expresadas en moneda local, se traducen en rangos aproximados entre 4,4 y 9,75 euros al tipo de cambio de referencia citado por la prensa especializada.
El esquema de descuentos es clave para entender el impacto real en el mercado interno: los mexicanos y los residentes extranjeros pagarán la mitad en las categorías 1–3 —y reducciones específicas en el resto—, de forma que la mayor parte del alza recae sobre el turismo internacional. Con ello, la política intenta equilibrar la necesidad de recursos para la gestión patrimonial con el derecho de acceso de la población local, a la vez que captura mayor valor del visitante foráneo en polos de gran presión turística como la Ciudad de México, Teotihuacán y la Ruta Puuc en Yucatán. La decisión también se inscribe en la tendencia regional de segmentar precios por residencia o nacionalidad en sitios icónicos, práctica extendida en destinos arqueológicos y museísticos del mundo.
Para el sector turístico, el cambio obliga a recalibrar presupuestos y mensajes. Operadores y agencias que empaquetan circuitos culturales deberán actualizar sus tarifas netas y de venta pública, prever el impacto en excursiones de un día y reforzar la comunicación al cliente final sobre las nuevas condiciones. En términos de demanda, los analistas anticipan que los sitios de altísima notoriedad —Chichén Itzá, Uxmal, Teotihuacán, Antropología y Templo Mayor— mantendrán un flujo sólido por su carácter imprescindible, mientras que el aumento podría reordenar la preferencia hacia recintos alternativos menos congestionados o hacia visitas en días y horarios de menor demanda si se implementan políticas de gestión de aforo. La administración prevé que la recaudación adicional permita sostener programas de conservación y mejoras de experiencia que, a medio plazo, eleven la satisfacción del visitante y la estancia promedio en destino.
Más allá del corto plazo, la discusión de fondo gira en torno a cómo financiar de manera sostenible el patrimonio cultural mexicano en un contexto de crecimiento de visitantes e inflación de costos. La actualización de cuotas —que no es inédita pero sí relevante por su magnitud— vuelve a colocar en la agenda sectorial la necesidad de políticas complementarias: fortalecimiento de los fondos de conservación, profesionalización de guías y servicios, innovación en interpretación patrimonial y tecnología de visita, así como coordinación estrecha con gobiernos locales para mitigar externalidades en comunidades aledañas a los sitios más concurridos. De su implementación efectiva dependerá que el alza tarifaria se traduzca en servicios tangibles y en mejores condiciones de visita, y que el relato público sea entendido como una inversión en la preservación de las colecciones y zonas arqueológicas más emblemáticas del país.
México apuesta por un modelo de acceso que cobra más —principalmente al visitante internacional— para cuidar mejor sus tesoros culturales. Si el nuevo marco se acompaña de resultados visibles en conservación y atención, la medida podría reforzar la reputación del país como destino líder en turismo cultural, con un patrimonio vivo, digno y sostenido en el tiempo.
