El mapa por comunidades autónomas muestra claras asimetrías. Las grandes urbes y los litorales con alta intensidad turística concentran la conversación negativa, en la que pesan las quejas por masificación, ruido, convivencia y alquileres al alza. Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y País Vasco aparecen recurrentemente en el foco del debate cuando se analizan los hilos de conversación de mayor alcance. En paralelo, varios territorios del norte e interior —con productos más vinculados a naturaleza, patrimonio y baja densidad— sostienen mejores valoraciones relativas, beneficiadas por temáticas positivas (paisaje, cultura, sostenibilidad, autenticidad) y por una menor presión urbana. En este mosaico, algunos destinos insulares han conseguido estabilizar temporalmente su percepción con medidas de gestión y mensajes pro-sostenibilidad, aunque siguen sometidos a la lupa pública por el binomio masificación-vivienda.
La metodología del barómetro ayuda a entender por qué esta fotografía reputacional importa a gobiernos y empresas. LLYC cruza volumen y tono de más de 4,6 millones de mensajes desde 2022 para construir un índice de 0 a 10 ajustado por población y origen de la conversación (interna de cada comunidad frente a externa), identificando además temáticas dominantes y su evolución estacional. Esta aproximación permite visualizar riesgos emergentes por territorio, valorar el impacto de decisiones (regulación de vivienda turística, tasas, límites de aforo, ordenanzas de convivencia) y orientar campañas que reduzcan fricciones entre residentes y visitantes. En términos prácticos, los hallazgos apuntan a tres palancas inmediatas: planificación del flujo turístico para atajar picos de saturación, políticas eficaces de vivienda que desacoplen la presión del alquiler de la demanda turística, y un relato territorial creíble que ponga en valor beneficios socioeconómicos tangibles (empleo de calidad, inversión en barrios, preservación del patrimonio) sin maquillar los costes.
Para el sector, el mensaje es doble. Por un lado, la fortaleza económica del turismo sigue fuera de duda —España cerró 2024 con máximos históricos y las previsiones de gasto para 2025 son robustas—, pero la licencia social para operar ya no se da por supuesta: el “cómo” crece el turismo pesa tanto como el “cuánto”. Por otro, la conversación pública se ha sofisticado; no basta con campañas de promoción si, a pie de calle, persisten problemas de convivencia y acceso a la vivienda. De cara a 2026, los destinos que logren mejorar su percepción serán los que conviertan la sostenibilidad en gestión cotidiana: ordenación del espacio público, movilidad amable, diversificación de productos fuera de temporada y gobernanza participada con vecinos y empresas. La reputación, en definitiva, se ha vuelto un KPI estratégico de primer orden: cuando baja a 4,3 sobre 10, no avisa; exige actuar.
