Entre ellas, cita la revocación de permisos para aerolíneas de carga estadounidenses y la exigencia de reubicar operaciones desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México hacia otras terminales, con el argumento de aliviar la saturación del principal aeropuerto del país. Estas restricciones, según Washington, no se han visto acompañadas de una infraestructura alternativa suficiente que justifique tales limitaciones, lo que ha generado desventajas competitivas para los transportistas aéreos de Estados Unidos.
Frente a este escenario, el DOT considera que las promesas mexicanas de rectificación no han sido respaldadas por acciones concretas. El propio secretario de Transporte, Sean P. Duffy, fue tajante al señalar que “las promesas vacías no valen nada” y que la prioridad de su gobierno es “defender los intereses de las aerolíneas estadounidenses y garantizar un terreno de juego equitativo”. La decisión no significa un cese total de la cooperación entre Delta y Aeroméxico.
Se mantiene la posibilidad de acuerdos de código compartido, programas de viajero frecuente y marketing conjunto, así como la permanencia de la participación accionaria de Delta en la compañía mexicana. No obstante, lo que se elimina es la inmunidad antimonopolio que desde 2017 les permitía actuar como una sola empresa en lo que respecta a fijación de tarifas, reparto de ingresos o coordinación de capacidad. De esta manera, a partir de 2026 cada aerolínea deberá diseñar de manera independiente sus estrategias comerciales y de precios en el mercado transfronterizo, compitiendo en igualdad de condiciones con otros operadores.
Las implicaciones económicas y operativas de esta ruptura son significativas. Por un lado, los pasajeros que se han beneficiado de conexiones integradas, acumulación de millas y tarifas conjuntas podrían ver cambios en la disponibilidad de vuelos, escalas y precios. Por otro, otras aerolíneas estadounidenses y mexicanas —incluyendo a United, American Airlines, Volaris o Viva Aerobus— podrían ganar terreno en un mercado altamente dinámico y estratégico, donde el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos se ha disparado en la última década, con cifras que lo sitúan como uno de los corredores internacionales más transitados del mundo.
Para México, el reto será doble: por un lado, reforzar su infraestructura aeroportuaria y garantizar que las decisiones sobre capacidad y regulación se ajusten a los acuerdos internacionales; por otro, preservar la confianza de los socios estratégicos y de los inversores en un sector clave para su conectividad y su economía. Para Delta y Aeroméxico, el desafío será rediseñar sus planes de negocio de largo plazo, preservando sinergias en áreas que sigan siendo legales y explorando nuevos esquemas de cooperación que no infrinjan las normas de competencia.
La orden del DOT se interpreta como una reafirmación de la política “America First” aplicada al transporte aéreo. Más allá de la defensa de las compañías estadounidenses, marca un precedente para futuras negociaciones bilaterales en las que se exijan garantías estrictas de reciprocidad y cumplimiento de compromisos. Con este golpe regulatorio, Washington busca no solo proteger su mercado, sino también enviar un aviso a otros países sobre la necesidad de respetar las reglas del juego.
En un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo y de intensa competencia global, el caso Delta-Aeroméxico revela las tensiones entre integración empresarial y soberanía regulatoria, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones aéreas y comerciales entre México y Estados Unidos.
