Además del ajuste inmediato, el acuerdo contempla una escala progresiva de aumentos anuales: en 2026 la tarifa pasará a 10 dólares, en 2027 será de 15 dólares, y en 2028 llegará a 21 dólares por pasajero. Esta gradualidad forma parte de la estrategia para no generar un choque brusco en los costos de operación de los cruceros, pero también para incrementar los ingresos vinculados al turismo conforme se ajusten las condiciones de oferta y demanda.
El anuncio ha sido bienvenido por la industria naviera y los agentes turísticos, que habían alertado que la tarifa original de 42 dólares encarecería sustancialmente los desembarques. Según la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, tal cifra podría elevar los costos de desembarque hasta un 213 % en comparación con otros puertos de la región, lo que habría convertido a México en un destino menos atractivo para las líneas de cruceros y los pasajeros.
De hecho, los cálculos más pesimistas señalaban que México corría el riesgo de perder hasta 10 millones de pasajeros al año si la tarifa elevada se hubiera impuesto. Eso habría implicado un fuerte golpe para las economías locales que dependen del turismo de cruceros, incluyendo hoteles, transporte terrestre, comercio local y servicios en los puertos.
La preocupación era palpable ya antes del anuncio oficial: agentes de viajes reportaron que algunos pasajeros ya estaban cambiando sus itinerarios previstos hacia otros destinos caribeños para evitar los sobrecostos esperados que se suponía implicaba visitar puertos mexicanos. Este efecto anticipado habría hecho visible el daño competitivo que una tarifa alta ejerce sobre la preferencia de los turistas.
Con esta reducción al 5 dólares y el esquema escalonado, México busca un equilibrio entre lo recaudatorio y lo estratégico: proteger su industria de cruceros, favorecer su imagen como destino accesible, y mantener el flujo turístico que impulsa economías regionales. En declaraciones de los involucrados, el acuerdo también aspira a preservar los beneficios que recibe la comunidad local, desde empleos en puertos y transporte hasta oportunidades en comercio, restauración y servicios relacionados con los cruceros.
Aunque aún resta por ver cómo afectará esto a las finanzas públicas portuarias, la respuesta del sector parece indicar que el nuevo arreglo logra una solución viable frente al riesgo de fuga de pasajeros y rutas hacia otros países menos gravados. Es probable que este tipo de decisiones sirvan como referencia para otras naciones costeras que enfrentan la tensión entre exigir tarifas justas y no alejarse de un mercado turístico cada vez más competitivo.
La rebaja de casi el 90 % de la tarifa proyectada no solo representa una victoria para las compañías de cruceros y turistas, sino también una apuesta inteligente del gobierno mexicano por mantener vivas las rutas marítimas, conservar su atractivo turístico y proteger los ingresos locales sin imponer cargas que pudieran resultar prohibitivas.
