Entre los países afectados se encuentran naciones con economías inestables o conflictos prolongados, junto con estados con vínculos diplomáticos tradicionales con Washington. De acuerdo con reportes de medios y listas filtradas, en el listado figuran Afganistán, Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Irán, Nigeria, Rusia, Somalia, Siria, Tailandia, Uganda y Yemen, entre otros. Este análisis no solo incluye países de baja renta, sino también algunos de importancia geopolítica, lo que ha generado inquietud entre gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales que observan un cambio significativo en la apertura tradicional del sistema migratorio estadounidense.
El Departamento de Estado ha sostenido que la suspensión es temporal y permanecerá en efecto hasta que se completen las revisiones de los criterios y mecanismos de vetting de las solicitudes. Sin embargo, no se ha fijado una fecha límite para la reanudación de la tramitación de visas de inmigrante, lo que implica un periodo de incertidumbre para individuos y familias que tenían previsto emigrar por razones familiares, de empleo o de reunificación familiar. La ausencia de un plazo definido ha intensificado los llamados de organizaciones de derechos humanos y de expertos en inmigración para que se aclare el alcance real de la política y se presenten datos concretos que justifiquen la suspensión a largo plazo.
La administración estadounidense ha subrayado que esta medida no afecta a los visados de no inmigrante, incluyendo aquellos emitidos para turismo, negocios, estudiantes o visitantes temporales, por lo que personas interesadas en viajes de corta duración, eventos internacionales futuros o actividades comerciales seguirán con la posibilidad de solicitar dichas visas conforme a los procedimientos vigentes. Además, se han anunciado excepciones muy limitadas para casos que, según Washington, estén vinculados a intereses fundamentales de seguridad nacional o que aporten beneficios concretos a los intereses estratégicos estadounidenses.
La estrategia forma parte de un enfoque más amplio de la actual administración estadounidense para limitar flujos migratorios legales mediante el fortalecimiento de los filtros y pruebas que deben superar los aspirantes a residencia permanente. En los últimos meses, esta política se ha combinado con otras iniciativas, como la ampliación de vetos de entrada para ciertos grupos, el aumento de las deportaciones y cambios en la interpretación de normas existentes sobre admisibilidad. Las autoridades han defendido estas acciones como un esfuerzo para proteger los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar social, aunque también han generado críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Reacciones internacionales han comenzado a surgir desde gobiernos afectados y organizaciones multilaterales que señalan que la medida podría tensar relaciones diplomáticas y afectar la percepción global del país como destino receptivo para migrantes y profesionales extranjeros. Líderes de algunas naciones latinoamericanas han expresado su preocupación por el impacto que esto tendría en sus ciudadanos, que en muchos casos dependen de programas de reunificación familiar o oportunidades de desarrollo en el extranjero. Asimismo, expertos en migración han advertido que esta suspensión podría provocar un aumento de solicitudes de asilo en terceros países o de rutas migratorias alternativas, con consecuencias complejas para la gestión migratoria regional.
La suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para 75 países representa un giro significativo en la política migratoria de los Estados Unidos que busca imponer controles más estrictos basados en criterios socioeconómicos. Aunque las autoridades han defendido la medida como necesaria para proteger los recursos internos, la falta de plazos claros y la amplitud de los países afectados plantean desafíos prácticos y diplomáticos que todavía deben resolverse en los próximos meses. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de esta política y sus efectos tanto en las relaciones exteriores de Estados Unidos como en los movimientos migratorios globales.
