Según el texto publicado en el Registro Federal, la medida consiste en exigir a los solicitantes del ESTA que entreguen una lista de sus identificadores en redes sociales —usuarios o nombres de cuenta— utilizados durante los últimos cinco años, junto con direcciones de correo electrónico de la última década y números telefónicos recientes. Aunque los viajeros no estarían obligados a entregar contraseñas o acceso completo a sus cuentas, esta obligación ampliada permitiría a las autoridades revisar públicamente la actividad en plataformas digitales como parte de la evaluación del riesgo que representan estos visitantes.
La Administración Trump ha defendido la iniciativa como una parte fundamental de su política de reforzar la seguridad fronteriza y maximizar el escrutinio de extranjeros que entran al país, argumentando que esta revisión adicional permitirá identificar posibles amenazas a la seguridad nacional o señales de comportamientos que puedan ser contrarios a intereses estadounidenses. Sin embargo, expertos en turismo y organizaciones internacionales del sector han manifestado preocupaciones profundas sobre la dimensión económica y reputacional de esta medida, advirtiendo que podría desalentar a millones de turistas potenciales, reduciendo considerablemente los ingresos por viajes y afectando puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente al turismo.
Un estudio reciente encargado por el World Travel & Tourism Council (WTTC) señala que más de un tercio de los viajeros internacionales encuestados afirmaron que estarían menos inclinados a reservar un viaje a Estados Unidos si la normativa avanzara tal como está planteada. Esta percepción de mayor intrusión y complejidad en el proceso de entrada podría traducirse en una disminución sustancial de las llegadas globales, con estimaciones que sitúan la caída en visitantes en torno al 20 % o incluso más, lo que se traduciría en pérdidas de miles de millones de dólares en gastos de turismo y miles de empleos en riesgo en el sector.
Representantes del WTTC han insistido en que, aunque la seguridad en las fronteras es una prioridad legítima, la forma de implementar controles basados en redes sociales podría tener un efecto disuasorio mucho mayor del previsto, dañando la competitividad de Estados Unidos frente a destinos globales que compiten por el mismo mercado de viajeros. Además, la percepción internacional de una vigilancia más exhaustiva de la actividad personal en plataformas digitales como condición para entrar al país ha sido comparada, en algunos análisis, con políticas migratorias más restrictivas que las observadas en otros contextos geopolíticos, lo que podría influir negativamente en la imagen de apertura y hospitalidad que tradicionalmente ha caracterizado al turismo estadounidense.
Por otra parte, el requerimiento de proporcionar información detallada también plantea preguntas sobre privacidad y protección de datos personales, ya que implica que viajeros de todo el mundo tendrán que decidir si desean compartir aspectos de su identidad digital para poder ingresar al país. Organizaciones de derechos digitales y expertos en privacidad han expresado inquietudes acerca de los límites de esta práctica, especialmente en relación con la recopilación de información que puede ser sensible o percibida como intrusiva por parte de los usuarios de redes sociales.
Cabe destacar que esta iniciativa se suma a un contexto más amplio de políticas migratorias y de control de fronteras en Estados Unidos que han venido evolucionando en los últimos años, incluyendo revisiones de redes sociales de solicitantes de visas de estudiantes y trabajadores, y otras propuestas relacionadas con perfiles digitales como parte del proceso de evaluación de antecedentes. Si bien algunos elementos de estas medidas buscan responder a preocupaciones de seguridad, su impacto en la movilidad global, la confianza de los viajeros y la economía del turismo sigue siendo objeto de debate tanto dentro como fuera del país.
En consecuencia, el sector turístico internacional estará observando con atención la evolución de esta propuesta, sus posibles ajustes tras el periodo de comentarios públicos y las decisiones finales que adopte el gobierno estadounidense, dado que de ello dependerán no solo las cifras de visitantes internacionales a corto plazo, sino también la percepción global de Estados Unidos como destino accesible para millones de viajeros alrededor del mundo.
