Bolivia se encuentra ante una decisión económica de carácter estructural. Durante décadas, el país ha sostenido su crecimiento sobre modelos extractivos que, si bien han generado ingresos en determinados ciclos, presentan limitaciones evidentes en términos de empleo, diversificación productiva, resiliencia y distribución territorial de la riqueza. En contraste, la evidencia regional e internacional demuestra que las economías que migran de manera planificada hacia modelos basados en servicios —con el turismo como eje articulador— logran impactos más estables, inclusivos y sostenibles en el tiempo.

En América Latina, el turismo representa entre el 8% y el 12% del PIB en países que han apostado estratégicamente por este sector, como México, Costa Rica, República Dominicana o Colombia. Bolivia, antes de la pandemia, apenas superaba el 4% del PIB, una cifra que no guarda relación con su extraordinaria riqueza natural, cultural y territorial. Esta brecha no responde a un problema de oferta turística, sino a debilidades estructurales persistentes: baja conectividad, planificación fragmentada, institucionalidad limitada y una narrativa internacional poco clara. En términos económicos, no se trata de falta de atractivos, sino de un modelo que no logra convertir el potencial en valor.

La transición hacia una economía de servicios ofrece ventajas comparativas claras frente a los sectores extractivos. En primer lugar, el turismo genera entre tres y cinco veces más empleo por dólar invertido, lo que lo convierte en un instrumento eficaz para enfrentar el desempleo y la informalidad. En segundo lugar, distribuye ingresos de manera territorial, beneficiando comunidades, municipios y regiones que históricamente han quedado al margen de los grandes flujos económicos. Finalmente, reduce la vulnerabilidad externa, ya que diversificar mercados turísticos disminuye la dependencia de precios internacionales volátiles. En términos simples, un turista no se exporta: permanece en el territorio, consume servicios locales y amplifica el destino a través de la recomendación.

Sin embargo, el turismo internacional es altamente sensible a las barreras de entrada. Las visas restrictivas, la escasa conectividad aérea, la percepción de conflictividad social o la falta de facilitación tienen un costo económico directo. Estudios regionales muestran que un aumento del 10% en conectividad aérea puede incrementar hasta en 7% la llegada de turistas internacionales, y que cada vuelo internacional regular genera entre 20 y 40 millones de dólares anuales en impacto económico directo e indirecto. Sin una estrategia clara de conectividad, facilitación y reputación país, Bolivia no puede aspirar seriamente a consolidar una economía de servicios. Abrirse al mundo no es una decisión ideológica; es una decisión económica basada en datos.

A esta ecuación se suma un factor cada vez más determinante: la sostenibilidad, y en particular la gestión del agua. El cambio climático ha convertido al recurso hídrico en un elemento crítico de competitividad turística. Según organismos internacionales, más del 60% de los destinos emergentes enfrentará estrés hídrico severo en las próximas dos décadas. En este contexto, integrar agua, ordenamiento territorial y turismo no es un gesto simbólico, sino una estrategia económica. Los destinos que lo hacen logran mayor permanencia del visitante, menor conflictividad social y un retorno de inversión más estable. Bien gestionada, la sostenibilidad no encarece el turismo: lo vuelve competitivo.

El turismo comunitario refuerza esta lógica territorial. Aunque representa menos del 5% del mercado global, concentra uno de los segmentos de mayor crecimiento: viajeros de alto valor, larga estadía y elevado gasto local. En Bolivia, experiencias consolidadas demuestran que el turismo puede generar ingresos significativamente superiores a actividades tradicionales, reducir la migración forzada y preservar lenguas, saberes y patrimonio inmaterial. Desde una perspectiva económica, cada dólar que ingresa a una comunidad turística circula varias veces más que en modelos convencionales, fortaleciendo economías locales de manera tangible.

La diversificación inteligente completa el modelo. El turismo moderno no depende únicamente de paisajes, sino de ecosistemas urbanos y de servicios: gastronomía, turismo de reuniones, educación y salud. La industria gastronómica puede representar hasta el 30% del gasto turístico total, mientras que el turismo MICE moviliza visitantes que gastan entre dos y tres veces más que el turista vacacional. A ello se suma el turismo educativo y de salud, segmentos que Bolivia ya supo liderar y que hoy requieren orden, seguridad, conectividad y certificación para ser reactivados.

Todo este potencial solo se materializa con una articulación público-privada efectiva. El turismo posee uno de los mayores efectos multiplicadores de la economía: por cada dólar invertido se generan entre 1,7 y 2,5 dólares de impacto total, y cada empleo directo crea al menos 1,5 empleos indirectos. Cuando el Estado regula con inteligencia y el sector privado invierte con responsabilidad, el turismo se convierte en generador de divisas, creador de empleo digno y estabilizador social.

En el siglo XXI, además, competir implica digitalización e internacionalización. Más del 70% de las decisiones de viaje se toman en entornos digitales. Sin datos, plataformas, estándares y reputación online, los destinos simplemente no existen. Bolivia cumple las condiciones que el mundo demanda: autenticidad, sostenibilidad y diversidad. Lo que falta no es potencial, sino estructura.

Migrar hacia una economía basada en servicios no significa renunciar al pasado, sino evolucionar con inteligencia económica. El turismo sostenible ofrece algo que pocos sectores pueden garantizar simultáneamente: ingresos, empleo, identidad y futuro. 

Bolivia tiene con qué. El desafío es convertir el momento en una decisión histórica.

Autor: Andrés A. Aramayo Bejarano

Viceministro de Fomento al Turismo Sostenible – Estado Plurinacional de Bolivia